Las penas corporales otorgadas a quienes trasgreden el orden social y jurídico de tiempo atrás se han utilizado a manera de castigo, un marcador social de exclusión que pone a hombres y mujeres en un recinto que los priva de la libertadad y los restringe de manera literal y simbólica en la posibilidad de llevar una vida como la de cualquier otro ciudadano. Además del castigo, se pretende, al menos eso es lo que se dice de manera oficial, que el delincuente se rehabilite, todo ello con costo al Estado que eroga grandes cantidades para ese efecto. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿cuál es la naturaleza de sus delitos?

Para dar respuesta a las interrogantes el día de hoy analizaremos el comportamiento de los ingresos y egresos a los diferentes centros penitenciarios del Estado: en el año 2014, ingresaron un total de 8,494 personas, de los cuales el 93% son hombres y el 7% son mujeres.

Los delitos del fuero común corresponden a aquéllos que afectan directamente a las personas; es decir, en los cuales el efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, los daños en propiedad ajena, los delito sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo en cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículo y de acuerdo a las estadísticas revisadas, en Yucatán son los más frecuentes. Con mucha menor incidencia están los delitos de orden federal como son ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, defraudación fiscal, delitos ecológicos, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, reproducción ilegal de audio y video casettes, robo de bienes de la nación, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos electorales, daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico e histórico; etc;

Egresaron 8,002 personas, lo que significa que existe una acumulación de 492 personas adicionales en los centros de readaptación